Este proyecto fue aprobado tras tener en cuenta las observaciones surgidas durante su examen, con el fin de reforzar las disposiciones estipuladas por la ley n.º 22.80 relativa a la conservación de monumentos históricos y sitios, inscripciones, objetos de arte y antigüedades, y para adaptar el arsenal jurídico nacional relativo a la salvaguarda y promoción del patrimonio a los compromisos internacionales ratificados por el Reino, según un comunicado del ministerio encargado de las Relaciones con el Parlamento.

El proyecto incluye novedades que buscan, principalmente, integrar nuevas definiciones relacionadas con las distintas categorías del patrimonio cultural, natural y geológico, con el objetivo de acompañar los nuevos conceptos reconocidos a nivel internacional en materia de patrimonio cultural y adaptarse a las nuevas definiciones vigentes ante la UNESCO, añadió el comunicado.

También, se trata de crear un registro nacional para censar el patrimonio y de adoptar el concepto de elaboración de un plan de gestión del patrimonio, que constituye un documento contractual, entre las partes interesadas, que establece las orientaciones estratégicas, los programas y los mecanismos de ejecución y financiación para la gestión del patrimonio.