El proyecto de decreto ley, aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución, se enmarca en las medidas preventivas urgentes adoptadas por las autoridades públicas para frenar la propagación del nuevo coronavirus (Covid-19), indica un comunicado del Departamento del Jefe de Gobierno.

Este proyecto constituye el marco jurídico para las autoridades públicas a fin de adoptar todas las medidas adecuadas y necesarias y para declarar el "estado de emergencia sanitaria" en cualquier región, prefectura, provincia o municipio, o en todo el territorio nacional en caso de necesidad, siempre que la seguridad de las personas se vea amenazada por una epidemia o una enfermedad contagiosa y que la situación requiera medidas urgentes para protegerlas de estas enfermedades y limitar su propagación, añade el comunicado.

Durante este período, las autoridades públicas pueden adoptar todas las medidas necesarias, mediante decretos, decisiones administrativas, circulares o comunicados, con el fin de una intervención inmediata y urgente para contrarrestar cualquier posible evolución de la situación epidemiológica, así como para movilizar todos los medios disponibles con miras a preservar la vida de las personas y garantizar su seguridad, según la misma fuente.

Según este proyecto, toda violación de las instrucciones y decisiones de las autoridades públicas se castiga con una pena de uno a tres meses de prisión y una multa de entre 300 y 1.300 dh o con una de las dos penas, sin perjuicio de la sanción penal más grave, prosigue el comunicado, señalando que las medidas adoptadas no impiden la continuidad de los servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos.

Por otra parte, añade el comunicado, este proyecto permite al Gobierno tomar, en caso de absoluta necesidad, medidas excepcionales urgentes de carácter económico, financiero, social o medioambiental, capaces de contribuir directamente a hacer frente a los impactos negativos del estado de emergencia declarado.