En una aclaración hecha pública como reacción a las alegaciones recogidas por ciertos sitios electrónicos sobre el expreso marroquí-belga detenido en el marco de la ley antiterrorista (A.A.), liberado de la prisión local (Tiflet 2) el 2 de abril pasado, la DGAPR expresa su sorpresa y su condena del comportamiento de ciertos sitios electrónicos que han hurgado en casos como el de este expreso, "sabiendo muy bien que este último fue liberado hace más de tres meses y medio".

La DGAPR se pregunta sobre las razones de tales prácticas, sobre todo porque que la DGAPR había "publicado, en su tiempo, varios comunicados de prensa y aclaraciones para responder a las alegaciones de dicho detenido y de algunos de sus familiares".

En cuanto a las alegaciones de tortura del detenido a manos del personal de la prisión local de Salé, la DGAPR subraya que estas alegaciones fueron investigadas por las autoridades judiciales competentes, que llegaron a la conclusión de que estas alegaciones formuladas por la hermana del detenido y por ciertas asociaciones que pretenden defender los derechos humanos "son alegaciones falaces e infundadas, ya que el procedimiento fue archivado por falta de pruebas".

La misma fuente subraya que "el objetivo de las huelgas que dicho recluso observaba sin razones válidas era presionar a la administración del establecimiento para disuadirla de cumplir su deber de vigilancia e inspección a fin de impedir la circulación de sustancias prohibidas dentro del establecimiento para preservar su seguridad y la de sus detenidos, o en relación con su estatus judicial".

La DGAPR afirma que el recluso gozaba, desde el momento de su encarcelamiento en la prisión local (Salé 2), y después de su traslado a la prisión local (Tiflet 2), de todos los derechos estipulados en la ley que rige las prisiones, a saber, la alimentación, la atención médica, la recreación, las llamadas telefónicas o el envío y la recepción de correo, además de las visitas de los órganos judiciales, el Consejo Nacional de Derechos Humanos y su abogado.

 Concluyó que la difusión de esas alegaciones y mentiras sólo sirve a las partes que atentan contra el Reino y sus intereses supremos, las que no dejan de explotar estas alegaciones maliciosas para atacar a Marruecos y atentar contra sus logros en materia de derechos humanos.