En un comunicado, la DIDH señaló que Marruecos se adhirió el 24 de febrero de 2022 al protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, adoptado el 16 de diciembre de 1966 en Nueva York, y al protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado también en Nueva York el 6 de octubre de 1999, señalando que los documentos relativos a la adhesión del Reino fueron depositados el 22 de abril de 2022 ante el Secretario General de la ONU y entrarán en vigor para nuestro país el 22 de julio de 2022.

Tras la finalización de los procedimientos relacionados con este tema, la DIDH expresa su orgullo por esta audaz decisión que constituye un acontecimiento importante en el ámbito de los derechos humanos y un hito en la gran marcha nacional en este campo marcada por profundos cambios e importantes logros, bajo el liderazgo de SM el Rey Mohammed VI.

Marruecos ocupa así una posición internacional privilegiada, en un mundo que vive situaciones dramáticas y retos difíciles en varias zonas y regiones en materia de protección de los derechos humanos, sostuvo la misma fuente.

El Reino confirma una vez más que cumple de manera renovada sus compromisos internacionales en el ámbito de los derechos humanos, tal y como fue decidido por la voluntad al más alto nivel del Estado y consagrado en la Constitución, subrayó la misma fuente, añadiendo que Marruecos prosigue con voluntad y determinación firmes su adhesión cualitativa al sistema internacional de derechos humanos y a sus nueve instrumentos principales.

La adhesión hoy a estos dos protocolos facultativos es un impulso que consolida la constante opción nacional consagrada por los logros e inaugura una nueva etapa en términos de interacción con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, agregó la misma fuente.

Esta decisión constituye también un importante apoyo a la experiencia marroquí en el ámbito de los derechos humanos, que se desarrolla a través de una intensa acción profesional y responsable marcada por la coordinación institucional entre los departamentos gubernamentales, las instituciones constitucionales especializadas y las instituciones de seguridad concernidas, en particular en lo que respecta a la interacción seria con el trabajo minucioso y complejo de algunos mecanismos y procedimientos de las Naciones Unidas y en lo que respecta a la contribución a la elaboración de los informes que son objeto de los compromisos del país.

La experiencia nacional en materia de coordinación institucional en el ámbito de los derechos humanos está llamada, sin duda alguna, ante este cambio, a afrontar los retos para cumplir de manera idónea los compromisos del Estado ante la comunidad internacional, indica el comunicado, asegurando que la DIDH, a su vez, no escatimará esfuerzos para asumir sus funciones en este marco.