En una aclaración, la administración penitenciaria local explicó que el citado detenido salió de la sala donde asistía a un curso de formación profesional para ir al servicio, señalando que siguió deambulando por el pasillo negándose a volver a clase, lo que motivó la intervención de un funcionario para obligarle a regresar al aula.
Sin embargo, el funcionario se vio sorprendido al verse agredido por el recluso, que intentó golpearle agarrándole violentamente por el uniforme, según informó la administración penitenciaria.
A raíz de este incidente, un consejo disciplinario de la institución se reunió y decidió poner al preso en régimen de aislamiento durante un periodo de treinta días, según el comunicado.
La administración señaló que el preso en cuestión es conocido por su mal comportamiento, recordando que ya ha sido objeto de seis infracciones en la prisión local de Tetuán, antes de ser trasladado a la prisión local Ras El Ma de Fez.
Añadió que, aunque se le había permitido inscribirse en uno de los cursos de formación profesional para animarle a mejorar su comportamiento, prefirió persistir en su actitud agresiva hacia los funcionarios de prisiones, lo que hizo necesario someterle al procedimiento disciplinario mencionado, en pleno cumplimiento de la ley que rige las prisiones.
En cuanto a las alegaciones formuladas por el abogado sobre la falta de confidencialidad en el trato con su cliente, la administración afirma que dichas alegaciones son falsas, subrayando que el trato del abogado con el detenido se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones legales pertinentes.
Del mismo modo, prosigue la misma fuente, las alegaciones de este abogado fueron más allá, ya que formuló graves acusaciones contra los funcionarios de la institución a los que acusó de haber "torturado" a su cliente, haciéndole sufrir una flagelación en las plantas de los pies (falaka), como si hubiera "presenciado" el acto, en lo que parece ser un intento de absolver a su cliente de los graves y múltiples delitos que ha cometido y de presionar a la administración de la institución para que no tome las medidas necesarias contra él.
En este contexto, la administración de la institución denuncia enérgicamente estas acusaciones gratuitas e irresponsables, al tiempo que subraya que seguirá velando por la aplicación de las leyes y reglamentos vigentes a cada preso que se le confíe.