Los diputados debatieron sobre el impacto potencial del proyecto de ley en términos de gestión de la superpoblación carcelaria, racionalización de los costes asociados, reducción de los efectos nocivos de las penas privativas de libertad de corta duración y su papel en la recalificación y reinserción de las personas afectadas en la sociedad.

Según Ouahbi, el objetivo de este proyecto es "establecer un marco jurídico complementario para las penas alternativas, basado en los principios fundamentales del derecho penal relativos a las penas, y prever mecanismos y normas de procedimiento que se incorporarán al Código de Procedimiento Penal para el seguimiento y la aplicación de las penas alternativas".

El ministro señaló que el sistema penal del país está muy necesitado de un sistema de penas alternativas "como solución fiable para colmar las lagunas de la actual política penal, dadas las estadísticas sobre la población reclusa, que complican la situación en las prisiones y limitan la eficacia de los esfuerzos y medidas desplegados por la administración".

Por su parte, los diputados celebraron el compromiso del Gobierno de culminar la reforma del sistema judicial a través de este proyecto de ley, en línea con las recomendaciones de la Carta para la Reforma del Sistema Judicial, con el objetivo de mejorar la eficacia del sistema y reforzar y proteger las libertades individuales y públicas, calificando el proyecto de "auténtica revolución en el sistema jurídico y de la práctica judicial".

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta legislación los autores de delitos graves, incluidos los delitos financieros, los delitos relacionados con la seguridad nacional y el terrorismo, los delitos militares, los delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, el tráfico de sustancias psicotrópicas, el tráfico de órganos humanos y la explotación sexual de menores y discapacitados, así como los reincidentes.