En efecto, esta legislación ofrece y permite particularmente a los agricultores y productores una garantía de la venta de su producción a través de sus cooperativas y contratos de venta con operadores autorizados por la Agencia Nacional de Regulación de las Actividades relativas al Cannabis (ANRAC).

A través de una organización profesional estructurada, esta legislación también permitirá a los pequeños agricultores reforzar su poder de negociación y su capacidad de mejorar las técnicas de producción. Así, los pequeños agricultores no pueden vender su producción de cannabis directamente a los operadores, incluidos los autorizados por la ANRAC, y están obligados a constituir una cooperativa de producción, única habilitada para establecer un contrato de venta con el operador autorizado, negociar los precios y entregar la producción de los distintos agricultores a los operadores concernidos y autorizados por la Agencia.

Estas medidas también pretenden proteger contra la intrusión de nuevos agricultores que no producían cannabis anteriormente, dado que la autorización de ejercicio de la actividad de producción de cannabis sólo se concede a los agricultores que viven en las tres provincias reguladas y que explotan parcelas cultivadas inicialmente con cannabis ilícito.

La normativa no permitirá que se amplíen las superficies de cannabis a nuevas zonas y/o por nuevas personas o nuevos agricultores.

También condiciona la concesión de la autorización de ejercicio de la actividad de producción de cannabis por parte de los agricultores a la fijación previa del precio de venta de la producción de cannabis en un marco contractual con el operador autorizado por la ANRAC, garantizando así una visibilidad de los ingresos anuales de los pequeños agricultores antes del inicio de la campaña agrícola.  

Los pequeños agricultores también pueden formar cooperativas de transformación para beneficiarse de la autorización de la ANRAC relativa a la actividad de transformación de cannabis, lo que les permite añadir valor directamente a su producción sin pasar por un operador privado autorizado por la Agencia.

La legalización también ha permitido a los agricultores autorizados por la ANRAC acceder a las subvenciones públicas o a los programas de financiación existentes para otras actividades agrícolas, con el fin de promover y animar a los pequeños agricultores a realizar sus propias inversiones para desarrollar su sistema de producción.

Como resultado de esta legislación, la ANRAC ha expedido 3.029 autorizaciones desde principios de 2024, en virtud de la Ley 13-21 sobre los usos lícitos del cannabis, frente a las 721 autorizaciones de 2023, lo que demuestra que el número de estas autorizaciones aumenta constantemente, ya que los agricultores han mostrado una voluntad real de reconvertirse a la producción de cannabis lícito.