En un comunicado, la DGAPR indicó que decidió también prohibir provisionalmente el traslado de los reclusos a los hospitales públicos, salvo en casos de extrema urgencia, y reforzar los establecimientos penitenciarios mediante equipos médicos dependientes del Ministerio de Sanidad y la creación de consultas médicas especializadas a distancia.

Estas dos decisiones se tomaron a la luz de los desarrollos que han tenido lugar en algunos establecimientos penitenciarios y de los resultados de los recientes test efectuados que han demostrado que algunos detenidos y funcionarios han sido contagiados por este virus, precisa el comunicado, añadiendo que aunque estas contaminaciones siguen siendo limitadas en comparación con el número total de reclusos y funcionarios, esta situación se considera un indicador que requiere mayores esfuerzos para controlar las posibles fuentes de transmisión de la enfermedad en el espacio carcelario, la más evidente de las cuales es la salida a los tribunales y a los hospitales.

A pesar de las medidas preventivas adoptadas para evitar la propagación del virus en los establecimientos penitenciarios y de los esfuerzos desplegados por las autoridades judiciales para racionalizar la detención preventiva, así como la reducción del número de reclusos que deben comparecer ante los tribunales, se ha demostrado que ello sigue siendo insuficiente para mantener a estos establecimientos a salvo de la transmisión de la enfermedad, dado el número de detenidos sometidos a la justicia, agregó la misma fuente.