La agencia, especializada en las cuestiones estratégicas, subrayó en un artículo del experto argentino, Adalberto Carlos Agozino, que en las últimas dos décadas diversas organizaciones humanitarias y la prensa internacional han estado denunciando los delitos de lesa humanidad vinculados al sistemático robo de ayuda humanitaria que lleva a cabo el Polisario con la participación y complicidad del Gobierno de Argelia.
Bajo el título “el rico negocio de robar ayuda humanitaria”, la agencia argentina escribe que “el procedimiento por el cual se apropiaban indebidamente de la ayuda humanitaria y su posterior comercialización por parte del Polisario y los responsables argelinos se implementaba de manera sistemática, organizada y de carácter mafioso durante años”.
Buena parte de la carga recibida en Rabuni termina en depósitos clandestinos, que se emplean también para ocultar parte de las mercancías extraídas de los almacenes oficiales a los efectos de luego solicitar a los donantes extranjeros una asistencia suplementaria, denuncia el autor del artículo antes de recordar que tanto Argelia como el Polisario impiden la visita de funcionarios de ACNUR -la Oficina de Naciones Unidas para los refugiados- y de miembros de las ongs humanitarias que donan ayuda a los campamentos.
Estos productos, que en general están envasados y etiquetados como “ayuda humanitaria no comercializable” son ilegalmente comercializados más tarde, a través de las mafias internacionales que controlan los tráficos ilícitos en el Sahel, en los mercados informales de varios países africanos, agrega el medio de comunicación argentino.
El desvío de ayuda humanitaria es posible porque los administradores de los campos, es decir, el frente Polisario y el Ejército de Argelia, informan de la existencia de un número mayor de pobladores de los que realmente existen para recibir un mayor volumen de productos, explicó la agencia de prensa argentina.
Así, el Polisario solicita ayuda humanitaria para 170.000 habitantes en los campamentos, mientras que observadores independientes aseguran que la población estable en el lugar no supera las 90.000 personas, precisa el experto.
Concluyó que el próspero negocio ilícito de robar ayuda humanitaria es “una de las causas principales por las cuales el gobierno argelino y el Frente Polisario se oponen sistemáticamente a la Propuesta para la Negociación de un Estatuto de Autonomía de la Región del Sáhara presentado por el Reino de Marruecos como única alternativa justa y posible” para resolver este conflicto artificial.