Los expertos de las Naciones Unidas, que afirmaron al final de sus deliberaciones en el marco de la 87ª de sesión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria que "Argelia tiene su parte de responsabilidad ya que El Fadel Breica estaba en Tinduf, en territorio argelino y, por lo tanto, bajo la jurisdicción territorial de Argelia", llegaron a conclusiones condenatorias para Argelia y sus esbirros del polisario.

Así, destacaron, entre otras cosas, que "la detención de El Fadel Breica se produce después de haber ejercido pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación, que fue secuestrado sin que se le presentara ninguna orden de detención, que tampoco se le informó de los motivos de su detención, que no fue llevado ante un juez durante los cuatro meses de su detención y que también se violó su derecho a un recurso efectivo", antes de concluir que "el arresto y la detención del Breica no tienen base legal y son arbitrarios".

Preocupados por la proliferación de las prácticas de detención arbitraria en los campamentos de Tinduf, los expertos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria solicitaron al Estado argelino que facilitara una visita al país "a fin de entablar un diálogo con su Gobierno sobre este tema", y pidieron a las autoridades argelinas, en el caso concreto de Breica, "que adopten las medidas necesarias para abrir una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias de la privación arbitraria de libertad de Breica", tomar las medidas necesarias contra los responsables de la violación de sus derechos y para la reparación de los daños sufridos, especialmente en forma de una indemnización de conformidad con el derecho internacional", al tiempo que invita al Gobierno argelino a informar al Grupo de la ONU sobre la aplicación de estas recomendaciones.

A través de la claridad de su decisión, que supuso un revés para las maniobras de Argelia destinadas a sembrar la ambigüedad sobre su responsabilidad en los crímenes abyectos perpetrados impunemente en su territorio, por su ejército y sus secuaces del Polisario, contra los saharauis retenidos en los campamentos de Tinduf, este órgano de las Naciones Unidas ha allanado el camino para que cientos de víctimas y sus derechohabientes exijan la rendición de cuentas a sus verdugos y una reparación material y moral de sus protectores, que ahora están inmersos en la tormenta del procedimiento de seguimiento para aplicar la decisión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria en relación con el caso de Breica, ya que el Estado argelino tendrá que informar al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas en un plazo de seis meses sobre las medidas que ha adoptado, en particular para la apertura de una investigación sobre el arresto y la detención arbitrarios de Breica y su indemnización, así como para el enjuiciamiento de los autores de estos excesos.