El proyecto abroga las disposiciones del artículo 6 del decreto ley 2.20.292 relativas a la supresión de todos los plazos legislativos y reglamentarios estipulados en las leyes vigentes durante la declaración del estado de emergencia sanitaria, fuera de los plazos vinculados a los recursos de apelación para las personas perseguidas en detención, a los plazos de custodia policial y a la detención preventiva, subrayó el ministro delegado ante el ministro del Interior Noureddine Boutayeb, quien presentó el texto.

 A este respecto, el ministro delegado señaló que los plazos debían calcularse al día siguiente del levantamiento del estado de emergencia.

Según Boutayeb, las disposiciones del artículo 6 se sustituirán por otras que permiten al gobierno cancelar los plazos enunciados en los textos en vigor, cuando dicha situación afecte a los derechos y compromisos de los interesados en relación con las medidas adoptadas por las autoridades competentes.

Este cambio, añadió, tiene en cuenta las condiciones de las personas durante el estado de emergencia sanitaria, para que puedan cumplir sus compromisos con el Estado y la administración, así como proteger sus intereses.

El ministro delegado destacó que con la prolongación del estado de emergencia, el mantenimiento del artículo 6 en su versión actual suscita muchos problemas a la hora de flexibilizar el confinamiento sanitario de conformidad con las normas enunciadas en el decreto 2.20.406 del 9 de junio de 2020. Esta situación, precisó, puede afectar negativamente el funcionamiento de determinadas actividades públicas y económicas y atentar contra los derechos y compromisos tanto del Estado como de los ciudadanos.

Cabe señalar que el proyecto de ley forma parte de las medidas adoptadas por el ejecutivo para hacer frente a la amenaza de la pandemia de Covid-19, y de la decisión destinada a flexibilizar el confinamiento sanitario, de conformidad con el decreto nº 2.20.406, y a reanudar las actividades de los tribunales, las administraciones públicas y los mercados.