En su presentación del proyecto de ley, el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, recordó que tras la entrada en vigor del Decreto-Ley Nº 2.20.292, las autoridades públicas adoptaron una serie de medidas y procedimientos preventivos necesarios que acompañan al confinamiento, alentando a los ciudadanos a abandonar sus hogares sólo en casos de extrema necesidad, prohibiendo las concentraciones de cualquier tipo y haciendo obligatorio el uso de mascarillas protectoras en los lugares públicos.

También observó que el artículo 4 del Decreto-Ley mencionado prevé penas de prisión de entre uno y tres meses y una multa de entre 300 y 1.300 dírhams para toda persona que contravenga las decisiones de las autoridades públicas durante el período del estado de emergencia sanitaria, incluido el uso de una mascarilla.

Sin embargo, tras el levantamiento del confinamiento, las medidas de aligeramiento y la reanudación de ciertas actividades económicas, prosiguió el ministro, hubo una laxitud en el respeto de las medidas sanitarias, añadiendo que "ante esta situación y con el fin de una aplicación más eficaz de las medidas represivas promulgadas por el Decreto-Ley, se incluyeron disposiciones específicas, especialmente la multa global de 300 dírhams que debe pagarse inmediatamente para evitar un juicio, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad entre el delito y la pena.

Las disposiciones de este proyecto permitirán facilitar las formalidades de aplicación de las sanciones previstas en dicho Decreto-Ley y evitar el recurso a los tribunales y la lentitud de los procedimientos, señaló Laftit, subrayando que en caso de que los infractores no paguen la multa, el informe se remitirá al Ministerio Público para que éste adopte las medidas necesarias en las 24 horas siguientes a la constatación de la infracción.