El Consejo de Seguridad, órgano ejecutivo supremo de las Naciones Unidas, es muy tajante a este respecto, como lo subraya en su última resolución sobre la cuestión del Sáhara, la 2494, en la que reafirma la preeminencia de la iniciativa de autonomía, en el marco de la soberanía y la integridad territorial de Marruecos.

Así pues, esta resolución de referencia consagra los parámetros para la solución de este diferendo regional, que no puede ser sino política, realista, pragmática, duradera y basada en el compromiso. También estableció el proceso de mesas redondas, con la participación plena y completa de Argelia, como única forma de llevar a buen término el proceso político exclusivo de las Naciones Unidas.

La resolución 2494, aprobada el 30 de octubre de 2019, también exigía, como las demás resoluciones aprobadas desde 2011, el censo de la población secuestrada en los campamentos de Tinduf, una exigencia que Argelia rechaza continuamente en flagrante violación de sus obligaciones internacionales.

La ausencia de este censo fomenta, en particular, el desvío de la ayuda humanitaria destinada a los campamentos de Tinduf por parte de los dirigentes del "polisario" y los responsables locales para su enriquecimiento personal, una realidad que fue confirmada por los informes de inspección del ACNUR, el PAM y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como por el Parlamento Europeo.

Esta situación también contribuye a perpetuar las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario de los secuestrados en esos campamentos, lo que implica directamente la responsabilidad del país anfitrión, Argelia, como han confirmado recientemente el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos.

Por su parte, la Secretaría General de las Naciones Unidas también destaca el carácter regional de este conflicto artificial y la necesidad de una solución política consensuada, como recomienda el Consejo de Seguridad.

En un informe dirigido el mes pasado a la Asamblea General, que abarca el período de 2011 a 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al abordar la cuestión del Sáhara marroquí, ha mencionado exclusivamente la solución política, la resolución 2494 y el proceso de mesas redondas.

En este sentido, el jefe de las Naciones Unidas ha ignorado totalmente, como lo ha hecho durante dos décadas, el plan de arreglo y el referéndum, propinando otro golpe a los desesperados intentos de Argelia y el polisario de resucitar estos planes obsoletos, enterrados por el Consejo de Seguridad desde 2001.

Guste o no a los enemigos de la integridad territorial de Marruecos, el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional han elegido el camino de la legalidad optando irreversiblemente por una solución política, realista, pragmática, duradera y de compromiso, encarnada por la Iniciativa de Autonomía, cuya seriedad y credibilidad han sido reafirmadas en las 16 resoluciones aprobadas por el órgano ejecutivo de las Naciones Unidas desde 2007.

El examen de la cuestión del Sáhara el mes próximo en el Consejo de Seguridad, que votará la renovación del mandato de la MINURSO, deberá seguir la misma lógica a favor de una solución política y consensual para este diferendo regional artificial que ha durado demasiado tiempo y que hipoteca el futuro y las aspiraciones de los pueblos del Magreb, en un momento en que el mundo necesita más que nunca la unidad y la solidaridad.