En un comunicado, la DIDH destacó que el informe aporta una nueva prueba de que los reproches de las autoridades marroquíes a la metodología de trabajo de AI son fundados, en el sentido de que sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Marruecos sacrifican las normas de objetividad en el altar de los juicios de valor. Estos informes contienen acusaciones y alegaciones totalmente infundadas y que carecen de  justificaciones en cuanto a hechos y pruebas, explicó la delegación.

Esto demuestra una vez más que Amnistía se basa en versiones unilaterales de los hechos que reflejan sólo las opiniones de los que hacen los informes y de sus fuentes, ignorando deliberadamente los logros del Reino en materia de derechos humanos, subraya el comunicado.

Al tiempo que toman nota del hecho de que Amnistía continúa haciendo caso omiso del principio de neutralidad transmitiendo una posición política hostil informando de violaciones de los derechos humanos en las provincias del sur del Reino, las autoridades marroquíes recuerdan que la Minurso es una misión de la ONU encargada del mantenimiento de la paz y del control del alto el fuego, de conformidad con la Resolución 2548, en el marco del capítulo VI de la Carta de la ONU. Forma parte de las misiones denominadas de "primera generación", sin tener mandato de control de los derechos humanos, en ausencia de una situación específica que requiera la adopción de tales medidas.

Además, Amnistía hace caso omiso de los informes del Consejo de Seguridad y del sistema de derechos humanos de la ONU, que han saludado en repetidas ocasiones el papel desempeñado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sus comisiones en las provincias del sur, así como por la Institución del Mediador y su delegación en esta región en lo que respecta a la protección y la promoción de los derechos humanos, resalta la misma fuente.

Las autoridades marroquíes se sorprenden por la evaluación que Amnistía intentó transmitir sobre la aplicación del estado de emergencia sanitaria, mientras que el informe trata de un periodo excepcional que obligó a todos los países del mundo, incluido Marruecos, a tomar las medidas preventivas necesarias para contrarrestar la pandemia preservando los derechos y libertades fundamentales sin restringirlos como pretende AI, señaló la DIDH. La limitación de ciertos derechos para preservar los derechos supremos es un acto legítimo en virtud de las cartas y normas internacionales de derechos humanos.

Las autoridades marroquíes señalan además, que las personas objeto de las alegaciones de la Organización fueron procesadas por su presunta participación en actos criminales relacionados con casos de derecho común y que los casos de algunos de ellos fueron resueltos por la justicia o están en proceso de tratamiento, subrayando que la cualidad o la actividad de algunos de ellos no les ofrece ninguna inmunidad. Así, las conclusiones y las interpretaciones de la Organización a este respecto equivalen a intentos de influir en la labor de una autoridad independiente.

Esta orientación se ve confirmada por el hecho de que Amnistía Internacional insiste en un caso concreto, a pesar de que las autoridades competentes le facilitaron todos los datos explicativos sobre este asunto que aún está en fase de investigación judicial.

Las autoridades marroquíes subrayan también que las alegaciones de la Organización sobre la situación de algunos detenidos son totalmente infundadas, sobre todo porque el informe no presenta suficientes hechos y datos fiables que contengan pruebas e indicios que justifiquen las recomendaciones formuladas por AI.

Las autoridades llaman a la Organización a abandonar su política de doble rasero cuando trata, de forma "tímida", la situación de los derechos humanos de los marroquíes secuestrados en Tinduf, en Argelia, indicando que este informe no hace más que señalar la continua inacción del "polisario" respecto a los responsables de las violaciones de los derechos humanos en los campamentos durante las últimas décadas.

Este informe sólo menciona un caso de violación sin tener en cuenta las violaciones diarias de los derechos humanos y la deplorable realidad que vive la población de los campamentos a causa del secuestro y el desvío de la ayuda humana destinada a ellos, precisa el comunicado, estimando que AI debería haber incluido las graves violaciones de los derechos humanos en los campamentos en la sección del informe dedicada a Argelia, ya que se trata del Estado responsable de estas violaciones señaladas por los distintos mecanismos de derechos humanos de la ONU.

Las autoridades marroquíes llaman a AI a revisar su método de tratamiento de la situación de los derechos humanos en Marruecos y acoger favorablemente los informes objetivos de las organizaciones no gubernamentales que reflejan una imagen realista y aspiran a una colaboración seria en la consolidación y la promoción de los derechos humanos en el Reino, concluye el comunicado.