El nuevo texto forma parte de los esfuerzos de Marruecos por reforzar el sistema judicial nacional en la lucha contra esta práctica y la financiación del terrorismo.
La futura ley también pretende adaptar la legislación nacional a las normas internacionales adoptadas en este ámbito por el Grupo de Acción Financiera, además de subsanar las deficiencias de los textos actuales, especialmente las señaladas en el informe de evaluación mutua.
La Comisión de Justicia, Legislación y Derechos Humanos de la misma Cámara había aprobado, por unanimidad, este proyecto en una sesión que duró la noche el lunes al martes.