En este sentido, "renovamos nuestro apoyo inquebrantable al proceso político llevado a cabo bajo la égida del secretario general de la ONU para alcanzar una solución realista, pragmática y duradera al diferendo regional del Sáhara marroquí, de acuerdo con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad", declaró el embajador representante permanente adjunto de Gabón ante la ONU, Franklin Joachim Makanga.
Gabón también se felicita del proceso de la mesas redondas, con la participación de Marruecos, Argelia, Mauritania y el "polisario", en consonancia con la resolución 2548 del Consejo de Seguridad de octubre de 2020, añadió el diplomático gabonés, llamando al próximo Enviado Personal del secretario general que continúe los debates iniciados por su predecesor, Horst Kohler.
Makanga también subrayó la necesidad de alcanzar una solución política al conflicto y de lograr una cooperación más fuerte y dinámica entre los Estados miembros de la Unión del Magreb Árabe. Este enfoque, dijo, contribuiría a la estabilidad y la seguridad en toda la región del Sahel.
"Del mismo modo, el nuevo modelo de desarrollo socioeconómico del Sáhara marroquí impulsado por Marruecos desde 2015, reúne todo nuestro apoyo", dijo el diplomático gabonés, señalando que es en la fuerza de estos avances significativos que Gabón, junto con otros países, ha abierto un consulado general en el Sáhara marroquí.
Makanga también mencionó los importantes avances registrados por Marruecos en el ámbito de los Derechos Humanos, tal y como señaló el Consejo de Seguridad en la resolución 2548.
"También es importante señalar el estricto cumplimiento por parte de Marruecos del alto el fuego en el Sáhara, así como su iniciativa de paz del 13 de noviembre de 2020 destinada a garantizar la libre circulación en el paso de Guergarat", añadió, antes de expresar la preocupación de Gabón por las violaciones de los derechos fundamentales que sufren las poblaciones de los campamentos de Tinduf.
A este respecto, Makanga indicó que su país considera apropiado proceder al registro de la población de los campamentos de Tinduf, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, las recomendaciones del secretario general de la ONU y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.