Del mismo modo, y con el fin de garantizar la integridad de las próximas elecciones y de luchar contra cualquier práctica susceptible de socavarlas, todos los actores implicados en esta operación electoral trabajan activamente para crear las condiciones necesarias para que este proceso se desarrolle conforme a la ley y para que los candidatos compitan en igualdad de condiciones a lo largo del periodo de campaña electoral que comienza dentro de unas semanas.

El refuerzo de estas medidas tiene como objetivo combatir ciertas prácticas desleales que han empañado la integridad del proceso electoral en el pasado, como la compra de votos y la manipulación de las tarjetas electorales.

Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la práctica electoral, y con el objetivo de reforzar las medidas de moralización de la campaña electoral llevada a cabo por los candidatos para garantizar una competencia justa y sana, la ley orgánica n°21.04 obliga a todo agente de la lista o candidato a crear una cuenta de campaña electoral según una copia fijada por el reglamento y que debe ser depositada en un plazo determinado, según las disposiciones en vigor.

Esta cuenta debe contener un estado detallado de las fuentes de financiación y un inventario de los gastos electorales, todo ello respaldado por documentos justificativos. Dicha cuenta debe presentarse al Tribunal de Cuentas en el plazo de un mes a partir de la fecha de proclamación de los resultados electorales.

A este respecto, Abdelmounaim Lazar, profesor de ciencias políticas y derecho constitucional en la Facultad de Derecho Souissi de la Universidad Mohammed V de Rabat, destacó, en una declaración a la MAP, las numerosas innovaciones jurídicas contenidas en las leyes electorales, especialmente las relativas a la moralización de la campaña electoral.

Estos nuevos textos pueden garantizar el buen desarrollo de las próximas elecciones, así como definir el componente reglamentario que debe enmarcar la financiación de las campañas electorales.

Añadió que estas modificaciones se refieren a la legalización de ciertas prácticas electorales, que eran ilegales en el pasado, la incriminación de otras prácticas anteriormente legales y el endurecimiento de ciertas sanciones.
Según este especialista en sistemas electorales, una de las medidas más destacadas de esta ley es la descalificación en caso de incumplimiento por parte del candidato de las medidas relativas a la presentación de la cuenta de la campaña electoral en el plazo previsto, o que no haya indicado las fuentes de financiación de su campaña electoral, o que no haya justificado sus gastos electorales, o que haya superado el límite máximo establecido para estos gastos.

Sin embargo, el académico señaló que estas disposiciones legales, a pesar de su imperativo para la moralización de las campañas electorales, no son suficientes por sí solas, de ahí la importancia de la implicación de todos los actores implicados, especialmente los partidos políticos, llamados a presentar candidatos honestos que tendrán que presentar una declaración de honor, bajo pena de sanciones partidistas, políticas o simbólicas en caso de candidaturas incumplidoras.

Lazaar subrayó también la importancia del papel de los medios de comunicación y de las asociaciones, sobre todo en materia de sensibilización y control, para afrontar el reto de hacer más ética la campaña electoral.

En cuanto al posible enfoque para hacer frente a las prácticas fraudulentas, el investigador dijo que para vencer este reto se requiere un entorno estimulante, una cultura de la transparencia y una fuerte concienciación, con la contribución de todos los interesados, destacando el papel "crucial" de la justicia en la aplicación de estas disposiciones.

También insistió en la importancia del papel de los votantes y de las sanciones ciudadanas, algunas de las cuales empezaron a cristalizar durante las anteriores elecciones legislativas y que probablemente se reforzarán, como la sanción del voto a los candidatos implicados en el fraude electoral.

El académico cree que este enfoque refleja un cambio de comportamiento que está empezando a surgir en el entorno político y la cultura en la que se desarrollan los procesos electorales en Marruecos.

Dado que el ciudadano es un actor fundamental en el proceso electoral, la moralización de las campañas electorales depende de manera directa de su comportamiento electoral a la espera de comprobar la eficacia de las nuevas disposiciones legales destinadas a la moralización de la campaña electoral.