Se trata, en particular, de los proyectos y programas prioritarios que se financiarán en el marco de los contratos-programa entre el Estado y las regiones, indicó Fettah Alaoui, que intervino durante una sesión plenaria en la Cámara de Representantes, y añadió que el Ejecutivo garantizará la aceleración de la aplicación del proyecto de desconcentración administrativa.

La ministra también subrayó que el gobierno está trabajando para consolidar la regionalización como una opción constitucional y democrática, no sólo como un enfoque político y administrativo del Reino, sino también como una alternativa de desarrollo frente a las deficiencias de las políticas públicas centralizadas y concentradas en relación con la lucha contra las disparidades territoriales en términos de inversiones y acceso a los servicios públicos básicos y su impacto en la garantía de una distribución equitativa de la riqueza en las regiones.

Para ello, argumentó, se transferirán a las regiones amplias prerrogativas del Estado, paralelamente a la movilización de los recursos materiales y humanos necesarios, de modo que se garantice la autonomía de la gestión financiera y administrativa de la Región, que está llamada a convertirse en un verdadero polo de crecimiento, una palanca de desarrollo humano y de promoción social, así como un socio fundamental del Estado.